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En este verano se ha ido planteando una polémica interesante sobre el ritmo y la profundidad de los cambios llevados adelante por el gobierno electo en octubre-noviembre de 2019.

La pregunta que muchos se hacen es si se está yendo a fondo y cumpliendo así con lo que la gente votó, o si se están demorando decisiones claves para cambiar la mala herencia de los quince años de gobiernos del Frente Amplio (FA).En primer lugar, queda claro que el planteo se hace sobre todo desde filas de la Coalición Republicana (CR). En efecto, desde las posiciones de izquierda más radicales, que son las que predominan en el FA hoy en día, todo indica que se ve el desempeño del gobierno como excesivo, neoliberal, entreguista y otras linduras que de ninguna manera dejan pensar que se lo evalúe como dejado, tibio, lento o anquilosado en su quehacer. Tan es así que, frente a principales medidas de la ley de urgente consideración (LUC), toda la izquierda promovió un referéndum justamente para trancar los avances de la CR en el poder.En segundo lugar, es evidente que quienes están teniendo una visión crítica acerca del ritmo con el que el gobierno lleva adelante sus reformas razonan en un escenario político de post- pandemia. En efecto, parece importante recordar que seguimos hoy en día en emergencia sanitaria; que recién desde agosto de 2021 se puede decir que tenemos bastante controlada la epidemia; que durante meses la urgencia de enfrentar la situación llevó muchas energías a todo el gobierno -tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo-; y que, desde marzo de 2020 hasta hoy, la oposición izquierdista no ha dado tregua al oficialismo en nada de lo que refirió a la pandemia.

Quienes creen que desde su inicio el gobierno no ha quitado el pie del acelerador tienen buenos argumentos para poner sobre la mesa. Por un lado, está que la batalla contra el Covid- 19 no impidió que se avanzara en la agenda legislativa más relevante: allí está la LUC como mejor ejemplo. Por otro lado, al mantener los motores de la economía encendidos durante los peores meses de la pandemia, el gobierno logró objetivos muy relevantes: la tasa de crecimiento de la economía rebotó con fuerza; la desocupación bajó a niveles pre- febrero de 2020; las exportaciones dieron un salto histórico; se conservó el grado inversor; y, en un contexto de aumentos de la inflación internacional, la nuestra no se disparó a dos dígitos ni mucho menos.Para muchos, ir más a fondo se traduciría en haber avanzado ya mucho más en la reforma de la educación, por ejemplo. Empero, la realidad es que mientras que en 2020 y 2021 los países de la región tuvieron enormes dificultades para poder siquiera hacer que los niños y jóvenes asistieran a clase, Uruguay fue el que más rápidamente retornó a clases presenciales y el que más jóvenes retuvo en el sistema educativo a pesar de la pandemia. Es recién ahora que, con algo más de normalidad sanitaria, se podrán poner en práctica las reformas más profundas que fueron las que el pueblo votó en 2019 para mejorar la grave situación educativa del país.Para otros, ir más a fondo implica una especie de “verlos a todos presos”, es decir, que las tremendas responsabilidades de los gobiernos de izquierda en la mala gestión del Estado se traduzcan por penas civiles o penales que, concretamente, dejen en claro que el FA hizo las cosas mal. El problema aquí es que se está confundiendo lo que es de resorte del Ejecutivo como, por ejemplo, decidir hacer auditorías, con lo que es consecuencia de la acción de un poder independiente en el Estado como es el Poder Judicial.

Es un error creer que las demoras en la Justicia son responsabilidad de la administración Lacalle Pou. Y que en estos dos años de pandemia en los que los juzgados actuaron con limitaciones, debieron de haberse alcanzado ya conclusiones sobre temas muy complejos.

¿Está yendo a fondo el gobierno? - Opinión - 29/01/2022 - EL PAÍS Uruguay

En efecto, es un error creer que las demoras en la Justicia son responsabilidad de la administración Lacalle Pou. Incluso más, es un error creer que en estos dos años de pandemia en los que los juzgados actuaron con limitaciones por causas sanitarias muy serias, debieron de haberse alcanzado ya conclusiones penales o civiles sobre temas, además, por lo general muy complejos.La CR fijó su agenda de cambios que, en marzo próximo, con el referéndum, tendrá que volver a defender en las urnas. Quedan, además, al menos dos años políticos claves para seguir avanzando en reformas, como la de la seguridad social o como la implementación de lo ya aprobado en educación. Finalmente, la Justicia no podrá tardar mucho más en dar señales claras en casos importantes que tiene a estudio.

Nada deja pensar que el gobierno no va a fondo en los temas del país. Es bueno calmar ansiedades y ser políticamente realista.

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